Las Naciones Unidas vienen conmemorando desde el 15 de octubre de 2008 el Día Internacional de las Mujeres Rurales reivindicando “la función y las contribuciones decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural” (Naciones Unidas, 2020).
Como mujeres defensoras de los derechos de las mujeres a la igualdad y la no discriminación, y como colectividad política, reconocemos los valiosos aportes que las mujeres rurales colombianas (indígenas, afrodescendientes y campesinas) realizan día a día a la economía, a la soberanía alimentaria y al cuidado del entorno a través de sus labores productivas (remuneradas y no remuneradas), así como con sus actividades de cuidado para el bienestar de sus familias y sus comunidades.
Las mujeres rurales representan el 47.2% de la población rural colombiana ( 5.162.926 personas - DANE 2018)[1] e históricamente han sido excluidas de los beneficios sociales y económicos del desarrollo y afectadas diferencialmente por el conflicto armado y las economías ilegales y extractivas con sus diversas formas de violencias. Durante el 2020 las medidas restrictivas debido al COVID-19 han limitado sus oportunidades y sobredimensionado sus cargas.
Si bien existen herramientas jurídicas como la Ley 731 de 2002 sobre Mujer Rural, que busca reducir las brechas de género, pobreza y exclusión mediante mediadas como la eliminación de barreras para el acceso a fondos de financiamiento, asistencia técnica y medios de producción (tierras etc.) y canales de comercialización, entre otros, aún no existe la voluntad política para reducir estas brechas de inequidad. En el 2016 se creó la Dirección de Mujer Rural pero aún no se ha construido una política pública integral para las mujeres rurales que guie estas acciones, con personal idóneo y recursos necesarios para su implementación efectiva. Se desconocen los avances del Pacto por la Equidad de la Mujer Rural firmado en 2019.
Adherimos al Informe Sombra de la CEDAW 2019[2] relativo a las provisiones pactadas por el gobierno en el Acuerdo Final de Paz con respecto a las mujeres rurales, y en particular: i) fortalecer la participación de las mujeres rurales en los procesos de planeación e implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET- Punto 1) y Punto 4 de sustitución de cultivos de uso ilícito; ii) Asegurar medidas de prevención y protección dirigidas a las lideresas y defensoras amenazadas por cuidar el territorio y el medio ambiente, entre otros; iii) Garantizar la participación libre e informada de las mujeres en consultas previas antes de otorgar licencias ambientales; iv) Garantizar el derecho a la alimentación a través del acceso a semillas, agua, cultivos de pan coger, comercialización y autonomía económica de las mujeres; v) Ratificar la Declaración sobre los derechos de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales” de la ONU.
Como mujeres Verdes constructoras de paz y defensoras de los derechos de las mujeres reconocemos la voz, el liderazgo y los aportes de las mujeres rurales: las dignificamos, admiramos y arropamos por cuidar del territorio, proveernos de alimentos que nos nutren y cuidar nuestras aguas, bosques y biodiversidad en estos tiempos de crisis planetaria.
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[1] 81,8% de las mujeres rurales dedica su tiempo al suministro de alimentos para el hogar o para la mano de obra en el campo; 23% de los 3.080.586 hogares rurales tienen jefatura femenina (MinAgricultura 2019).
[2] “Mujeres y Paz, en Búsqueda de Plenos Derechos” Informe Sombra del Grupo de Monitoreo para la Implementación de la CEDAW en Colombia, Comité para La Eliminación de La Discriminación Contra La Mujer – CEDAW, Bogotá, Enero De 2019.
