la representante a la Cámara Catherine Juvinao realizó una denuncia sobre lo que calificó como un “cartel de diplomas irregulares”, que involucraría a funcionarios y contratistas de múltiples entidades del Gobierno Nacional, titulados por la Universidad San José.
Según la denuncia, los 24 casos se dividen en dos grandes grupos:
- 6 personas que nunca presentaron la prueba Saber Pro, pero aun así recibieron su título profesional y fueron contratadas por entidades públicas entre 2023 y 2025.
- 18 personas que presentaron la prueba Saber Pro después de haberse graduado, lo cual invalida legalmente sus títulos.
Estas personas habrían sido contratadas en entidades como el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el INVIMA, la DIAN, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el DAPRE, la Aerocivil, entre otras, algunas de ellas incluso en cargos de libre nombramiento y remoción.
De acuerdo con la información presentada, los contratos y salarios asociados a estos 24 casos sumarían más de 1.100 millones de pesos, recursos que provendrían directamente de los impuestos de los colombianos. La representante advirtió que esto podría constituir un detrimento patrimonial, a diferencia del caso previamente conocido de Juliana Guerrero, donde la contratación logró evitarse.
La representante Juvinao cuestionó duramente la actuación del Ministerio de Educación Nacional, señalando que, mientras se intervienen universidades públicas de alta calidad, no se han tomado acciones contundentes frente a la Universidad San José, pese a las evidencias acumuladas.
En ese sentido, la congresista exigió:
- Investigación inmediata, exhaustiva y eficiente por parte del Ministerio de Educación y el ICFES.
- Intervención urgente de la Universidad San José, e incluso su eventual cierre, ante la gravedad y sistematicidad de los hechos denunciados.
- Acciones de control por parte de la Contraloría General de la Nación y demás entes competentes para establecer responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
La congresista anunció además que, por ahora, se protegerá la identidad de las personas involucradas hasta que las entidades oficiales confirmen los hallazgos, momento en el cual se informará al país quiénes son y cuáles serían sus posibles conexiones políticas.
Finalmente, Catherine Juvinao advirtió que estos hechos representan una traición al mérito, a los jóvenes que estudian con esfuerzo, a quienes acceden a créditos educativos o becas, y a los profesionales que cumplen con la ley. Señaló que este presunto esquema afecta la confianza en el Estado y degrada los estándares éticos y académicos del servicio público.
“Estamos ante una estrategia sistemática y dolosa para expedir títulos a la medida del gobierno. Esto no solo es ilegal, es profundamente injusto con quienes sí estudiaron y cumplieron los requisitos”, afirmó.
