La concejal Mafe Rojas celebró que la Procuraduría General de la Nación presentara un recurso de reposición y subsidio de apelación en contra del auto de la Magistrada Nelly Villamizar que ordena al Concejo de Bogotá revivir el POT de Peñalosa.
La Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de reposición y subsidio de apelación en contra del auto de la magistrada que ordena al Concejo de Bogotá a revivir el POT de Peñalosa. Como primera medida el ente de control argumenta que al ser un incidente de desacato: “no pude el juez entrar a tomar decisiones de otra índole, a menos que, muy excepcionalmente sean necesarias para lograr la efectividad de las órdenes impartidas”
Este recurso interpuesto por la Procuraduria es de vital importancia y refuerza los argumentos que desde el Concejo de Bogota se han presentado contra el auto de 378 páginas que ordenó al Concejo revivir el POT, el cual había sido negado por mayoría en sesión de la Comisión de Plan el pasado 2 de noviembre.
Advierte el Ministerio Público que el POMCA del Río Bogotá fue adoptado mediante Resolución Conjunta No 957 del dos de abril del presente año y por lo mismo el término de 12 meses que ordena la sentencia no ha vencido. Asi mismo menciona que la Magitrada no puede bajo ningun concepto inducir, persuadir o direccionar las decisiones que toman los concejales de Bogotá.
A su vez, argumenta que la autonomía de las entidades territoriales debe respetarse. El proyecto del POT es de iniciativa exclusiva del Alcalde Mayor de Bogotá y por lo tanto hasta no ser presentado nuevamente, el Concejo no tiene la competencia para debatirlo y tomar una decisión al respecto.
En su momento la concejal del Partido Alianza Verde había señalado que respetaba el fuero de los jueces pero, sin duda, la orden de la magistrada Villamizar atentaba contra la autonomía del Corporación como suprema autoridad del Distrito.
Rojas también aseguró que existían miles de motivos jurídicos, técnicos y sociales para rechazar el POT. “Lo que resulta difícil de explicar es la insistencia en aprobar a todo costo un proyecto que afectaba el ambiente y a los ciudadanos de los barrios residenciales”.
