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Congreso estudia garantizar apoyos económicos a los líderes comunales

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Avanza en el Congreso de la República la propuesta para reconocer de manera obligatoria el subsidio de transporte y los viáticos para los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), una iniciativa radicada ante la Cámara de Representantes y liderada en su vocería por la representante por Cundinamarca, Liliana Rodríguez.

Esta iniciativa responde a una necesidad histórica de dignificar la labor de quienes han sostenido por décadas el tejido social, la organización comunitaria y la participación ciudadana en barrios, veredas y sectores rurales del país.

El proyecto se construyó a partir de un análisis constitucional, legal y jurisprudencial que reconoce a las JAC como mecanismos legítimos de participación democrática, así como en diagnósticos técnicos que evidencian la sobrecarga económica, las dificultades logísticas, los riesgos de seguridad y las brechas territoriales que enfrentan sus dignatarios, especialmente los presidentes comunales. Durante las últimas semanas se realizaron cuatro mesas de trabajo con los ministerios del Interior, Trabajo, Hacienda y Transporte, en las cuales se revisaron los aspectos técnicos, financieros, operativos y jurídicos necesarios para fortalecer el articulado y asegurar la viabilidad de la propuesta.

De manera paralela, avanza el proceso de asignación de ponencia en la Comisión Séptima de la Cámara, un paso indispensable para iniciar la discusión formal del proyecto. Este trabajo conjunto ha permitido reafirmar que el objetivo central de la iniciativa es transformar lo que hoy es un apoyo opcional en un derecho garantizado, asegurando que los presidentes de las JAC puedan ejercer su labor con dignidad, sin barreras económicas y en igualdad de condiciones a lo largo del territorio nacional.

El reconocimiento de un subsidio de transporte y viáticos constituye no solo un acto de justicia para quienes lideran estas organizaciones de base, sino también una medida que fortalece la democracia participativa, mejora la articulación entre el Estado y las comunidades, y promueve la gobernanza local. Se espera que este avance legislativo contribuya a reivindicar la labor de los presidentes comunales, garantizando su participación efectiva en espacios institucionales y fortaleciendo un modelo de desarrollo comunitario en el que las Juntas de Acción Comunal continúen siendo actores fundamentales en la construcción social y territorial del país.

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